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En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIV Legislatura aprobó los dictámenes con proyecto de decreto con los resolutivos sobre las solicitudes de retiro voluntario de los magistrados María Cristina Torres Pacheco y Sergio Fernández Villagrán, titulares de la Sexta y Octava Salas Civiles del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), respectivamente.

Lo anterior, toda vez que se encuentran satisfechos los supuestos previstos en los artículos 72 párrafo segundo y tercero de la Constitución Política del Estado, además de que ambos magistrados cumplen con sesenta años de edad y cuenta con más de quince años de servicio efectivo como Magistrado.

De igual forma el Congreso aprobó que los magistrados se retiran con derecho a disfrutar de una pensión mensual equivalente a la remuneración que perciban los magistrados en activo, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de esta entidad federativa.

 

Proponen licencias de conducir con vigencia permanente

Para frenar prácticas de corrupción que se generan en torno a la expedición de la licencia de conducir, como el coyotaje y la falsificación de documentos, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla impulsa en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para que sea expedido este documento con vigencia permanente.

En la sesión de este día, Ramírez Bedolla presentará al pleno de la LXXIV Legislatura un conjunto de reformas a las Leyes de Tránsito y Vialidad, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda del Estado de Michoacán, y al Código Penal, con el propósito de ampliar el periodo de vigencia de la licencia de conducir, y endurecer las sanciones por falsificación de documentos oficiales.

La propuesta del diputado afín a la cuarta transformación consiste en eliminar de la Ley de Tránsito y Vialidad la restricción a que las licencias de conducir tengan una vigencia mayor a 5 años, y permitir que, en cambio, los automovilistas puedan tramitar este documento con una validez permanente, dándoles opción de solicitarlas también con vencimiento a dos y cuatro años.

Según datos de la Secretaría de Finanzas y Administración, en Michoacán se tiene el registro de 180 mil licencias de conducir vencidas; además, 3 de cada 9 automovilistas no tienen vigente este documento o no cuentan con él. Alfredo Ramírez señala que la expedición de licencias permanentes incentivaría su actualización, y permitiría tener un mejor registro de los conductores.

La vigencia permanente representa un doble beneficio: un ahorro para los ciudadanos que tramiten este documento, y una mayor recaudación para la hacienda estatal, ya que en este sentido se tiene como ejemplo la experiencia de Puebla, entidad que en tres años obtuvo ingresos de aproximadamente 270 millones de pesos derivados del trámite de licencia permanente.

En Michoacán se estima que circulan alrededor de 620 mil automovilistas diariamente; si el 45 por ciento de estos conductores tramitara su licencia permanente, representaría un ingreso superior a los 755 millones de pesos, tomando como referencia el costo actual de una licencia con vigencia de nueve años.

En torno a la expedición de licencias se han observado prácticas nocivas que son un secreto a voces, señaló Ramírez Bedolla, como el tráfico de influencias y el coyotaje, además de la venta de documentos falsos; sin embargo, nuestra legislación no sanciona de manera contundente estas acciones ilegales, afirmó.

La reforma a los artículos 137, 232 y 299 del Código Penal del estado que propone Alfredo Ramírez, tiene el objetivo de endurecer las sanciones y multas por falsificación de documentos, además de aumentar las penas cuando los homicidios o lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular involucren como responsables a conductores que no cuenten con licencia de conducir o que no esté vigente.

Presentan iniciativa para extender plazo del programa “Borrón y cuenta nueva”

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Salvador Arvizu Cisneros, presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán una iniciativa para que se extienda el plazo del programa “Borrón y cuenta nueva” del ejecutivo del estado.

El diputado local señaló que la extensión del plazo de este programa sin lugar a dudas abonaría a la economía tanto de la entidad como de las y los michoacanos, pues al Estado ingresaría más recurso y la ciudadanía podrá solventar sus deudas con el gobierno por la regulación de placas vehiculares.

En la máxima tribuna del Estado, Arvizu Cisneros reiteró que con este programa ingresaría mucho más recurso a las arcas públicas, pues la gente acudiría a pagar sus adeudos, mismos que de no ser por este descuento, no podrían pagar por muchas razones.

“Así pues, durante el tiempo que este programa estuvo vigente, muchos días las oficinas recaudadoras o los módulos estuvieron cerrados por diversas circunstancias, situación que perjudicó la intensión de los michoacanos por pagar sus deudas con el estado”, agregó.

En ese sentido el legislador por el distrito 16 presentó dicha iniciativa, misma que suscribieron diversos diputados para sumarse en esta petición y esperando que el resto de los legisladores la aprueben en beneficio de Michoacán y su gente.

El diputado emanado del Partido del Trabajo (PT), expuso que dicho programa se debe extender principalmente porque es benéfico para el bolsillo de las y los michoacanos, pues le generaría un gran ahorro a la ciudadanía en general pero primordialmente a quienes menos tienen.

Salvador Arvizu agradeció que ya se haya extendido un mes más este programa, sin embargo manifestó que no es suficiente para las necesidades que enfrenta la sociedad michoacana. La propuesta se envió a comisiones para su análisis, discusión y dictamen.

Diputados aprueban solicitudes de retiro voluntario de magistrados

En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIV Legislatura aprobó los dictámenes con proyecto de decreto con los resolutivos sobre las solicitudes de retiro voluntario de los magistrados María Cristina Torres Pacheco y Sergio Fernández Villagrán, titulares de la Sexta y Octava Salas Civiles del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), respectivamente.

Lo anterior, toda vez que se encuentran satisfechos los supuestos previstos en los artículos 72 párrafo segundo y tercero de la Constitución Política del Estado.

De igual forma, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que contiene el resolutivo sobre la reelección de Armando Pérez Gálvez, como Magistrado de la tercera Sala Penal del STJE.

El dictamen presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Antonio Salas, Araceli Saucedo, Adriana Hernández, Fermín Bahena y Ernesto Núñez, determina que no resulta procedente determinar sobre la reelección de Armando Pérez Gálvez como Magistrado de la Tercera Sala Penal del STJE, en virtud de que no se cumple el requisito relativo a la temporalidad en el ejercicio de dicho cargo, esto es, que el servidor público haya desempeñado la respectiva función jurisdiccional durante los 5 años para los cuales fue reelecto.

Derivado de lo anterior, se notificará al Consejo del Poder Judicial del Estado que el periodo constitucional de 5 años por el cual fue reelecto Armando Pérez Gálvez como Magistrado de la Tercera Sala Penal, se entiende interrumpido desde el 8 de mayo de 2015 y hasta el 7 de mayo de 2020, lapso por el cual, dicho servidor público fue electo para fungir como Consejero del Poder Judicial por el Pleno del STJE, por lo que habrá de reanudarse su cómputo a partir del 8 de mayo de 2020, en que se reintegre a su función, y concluirá el 6 de mayo de 2024.

Modificaciones al Código de Desarrollo Urbano, favorece igualdad y construcción de infraestructura

El marco legal que rige el desarrollo urbano en los municipios de Michoacán puede ser mejor y más justo, y para ello trabajamos en materializar una normatividad con una marcada tendencia al desarrollo urbano sustentable, que permita crear las condiciones óptimas de desarrollo y crecimiento de todas las comunidades de Michoacán, sin perder de vista que debemos proteger y conservar nuestra riqueza más vulnerable, que es decir nuestro patrimonio cultural natural, afirmó la diputada Cristina Portillo Ayala, al presentar modificaciones al Código de Desarrollo Urbano.

Agregó que con ello, se favorece la igualdad en los fraccionamientos, y la construcción de equipamiento urbano.

La vice coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, al exponer los motivos de su iniciativa, dijo que es imprescindible reconocer que en Morelia –como en muchas ciudades y municipios de Michoacán- la industria de la construcción es, indiscutiblemente, el pilar del desarrollo de diferentes comunidades, por lo que urge crear las condiciones normativas adecuadas, que favorezcan el desarrollo de esta actividad, con absoluto respeto al medio ambiente.

Refirió que especialistas, empresarios de la construcción, legisladores y usuarios,   “reconocemos que los trámites burocráticos, muchas veces afectan las actividades económicas, por lo que nos proponemos con esta iniciativa, favorecer el entorno para dinamizar la economía derivada de la industria de la construcción e inmobiliaria, y, al tiempo, generar una condición de justicia y equidad, para algunos conceptos”.

La legisladora michoacana presentó una iniciativa de decreto que modifica, reforma y adiciona, diferentes disposiciones del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, un trabajo legislativo que –aseguró- fue valorado y socializado con empresarios y técnicos especialistas en la materia.

Con la disposición actual del código, las áreas de donación de los fraccionamientos habitacionales, deben entregarse a distintas autoridades, lo que tienen un impacto negativo, porque con mucha frecuencia la totalidad de la superficie donada para equipamiento urbano, si bien se encuentra en un mismo polígono, no puede ser aprovechada en su máximo potencial por tener dueños distintos, uno municipal y otro estatal, lo que resulta en un real desperdicio de oportunidades.

Explicó que no solamente los habitantes se ven afectados con la regulación vigente, también los posibles inversionistas, a quienes se condiciona el cambio de régimen de propiedad de edificios ya construidos a una donación de áreas; o a los propietarios que dividen terrenos urbanos cuyas superficies resultantes superan una hectárea, añadió.

En este marco de amplias posibilidades para alentar la actividad económica, vinculada a la industria de la construcción, la legisladora de Morena, propuso reformas para que los porcentajes correspondientes a las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano en los fraccionamientos habitacionales urbanos, y en los de tipo popular, se integren en uno solo: sumar 3 % que corresponde actualmente al Estado, y 5 % al municipio, para lograr la integración de 8 % del área total del fraccionamiento de que se trate, que sería donado exclusivamente a los municipios, y cuyo uso se ajustaría al programa de desarrollo urbano correspondiente.

De esta forma se eliminan trámites burocráticos al reducir 50 % el proceso de donación, pues ya no será necesario acudir ante autoridades de distintos órdenes de gobierno. Y se contará con áreas de donación mucho más amplias que permitirán un mayor aprovechamiento por parte de los municipios.

Un elemento más con esta iniciativa, permitiría que, en el caso de condominios, las casetas de vigilancias formen parte del área común de los habitantes debido a sus características. Actualmente la normativa impide construir casetas de vigilancia –a algunos fraccionamientos, dependiendo de su densidad poblacional-, toda vez que no pueden ser municipalizadas, por no existir en la ley.

Al respecto, Cristina Portillo consideró absurdo el sentido de la normatividad vigente, pues las medidas preventivas de seguridad son un elemento sustantivo para el sano desarrollo de las personas, especialmente en los tiempos actuales, donde las y los michoacanos enfrentamos a una de las más severas crisis de seguridad de la última década.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano, para su análisis y dictamen. Y regresará al pleno para su discusión y aprobación, en su caso.

Aprueban diputados reformas para erradicar discriminación contra personas con discapacidad

Para dar cumplimiento con la obligación de adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar cualquier discriminación contra las personas con discapacidad y propiciarles su plena integración a la sociedad, el Pleno de la 74 Legislatura, aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado.

A iniciativa de las diputadas Yarabí Ávila González y Teresa Mora Covarrubias, la Comisión de Jóvenes y Deporte, presidida por el diputado David Cortés Mendoza e integrada por Omar Carreón Abud y Antonio de Jesús Madríz Estrada, reconoció la trascendencia de estas reformas, en las que se establece como derecho para todos, la práctica del deporte sin discriminación así como la denegación de ajustes razonables y salvaguardas como una forma de discriminación.

A su vez, se faculta a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, para elaborar un padrón de deportistas de alto rendimiento, con la finalidad de tener mayor transparencia en el otorgamiento de estímulos, que deberá otorgar la dependencia a aquellos deportistas de alto rendimiento que cumplan los requisitos y sin hacer alguna clase de discriminación entre deportistas que presenten alguna discapacidad.

Es fundamental destacar que el Estado Mexicano, forma parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, reafirmando que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, entre ellos, no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad.

Finalmente, los representantes populares señalaron que si bien nuestra legislación contempla avances en materia de inclusión de las personas que presentan alguna discapacidad, como legisladores es prioritario garantizar el cumplimiento de las normas y seguir generando acciones para una mejor Inclusión en la vida cotidiana.

Estado y municipios, ausentes en la regulación de Casinos

Como legisladores está en nuestras manos el coadyuvar a dar orden y certeza en el funcionamiento de los casinos, actividad de la que, hasta ahora, el Estado y los municipios han decidido mantenerse ausentes.

Así lo manifestó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, quien presentó la iniciativa de Ley que establece las bases para que los Ayuntamientos del Estado de Michoacán ejerzan su facultad reglamentaria en materia de licencias, permisos o autorizaciones municipales para los establecimientos donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas.

A decir de la legisladora priísta, el objetivo que persigue la propuesta consiste en dar la intervención que corresponde a las autoridades estatales en un ámbito que incide en la hacienda pública, el patrimonio y la salud mental de las personas, pero también en la preservación del orden público y el adecuado desarrollo urbano.

En materia hacendaria se establecen dos nuevas contribuciones: el Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos; y el Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos.

El Código de Justicia Administrativa se modifica con la finalidad de preservar el orden público, mientras que también se proponen reformas en la Ley de Salud del Estado para prevenir, orientar y auxiliar a quienes padezcan trastornos relacionados con el juego y el cruce de apuestas.

En lo que respecta al Código de Desarrollo Urbano se establece que serán incompatibles con los usos residenciales aquellos usos comerciales o industriales que amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas, y por tanto se negará el permiso respectivo o bien, se clausurará definitivamente mediante el procedimiento respectivo.

También se propone una reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado con el fin de otorgar a los presidentes municipales la atribución consistente en cooperar con las autoridades competentes en la ejecución y cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Se modifica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para impedir que los niños, niñas y adolescentes, asistan o trabajen en lugares como bares, centros nocturnos, cabarets, discotecas, casinos, depósitos de vinos y licores o de cerveza, hoteles, moteles, agencias de edecanes y clubes social u otros similares.

El Código Penal se reforma para establecer que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que ilegalmente autorice, proteja o de asistencia a propietarios u operadores de locales en los que sean celebrados juegos de azar, sorteos o apuestas.

En la Ley de Turismo del Estado de Michoacán de Ocampo serán considerados servicios turísticos los prestados a través de establecimientos tales como casinos.

Dentro de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado se estipula que los casinos cuenten con infraestructura incluyente. Finalmente, dentro de la Ley de Protección Civil se prevé que sea Protección Civil haga énfasis en la inspección, control y vigilancia, de establecimientos como centros nocturnos, discotecas, salones de baile, casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares en los que puedan tener verificativo concentraciones importantes de personas. 

En Incautación de bienes ilícitos, la llave para atacar criminalidad en Michoacán

Para reducir los índices de criminalidad que se registran en diversas regiones de Michoacán es necesario trabajar en la incautación de bienes que emanen de actividades ilícitas, enfatizó el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, Fermín Bernabé Bahena, luego de plantear la armonización de la reforma federal aplicada en materia de Extinción de Dominio.

Bernabé Bahena resaltó la necesidad de responder por los recientes cambios aplicados sobre el artículo 22 constitucional, para la aplicación de la Extinción de Dominio en los delitos de corrupción, robo de hidrocarburos, ilícitos cometidos por servidores públicos y extorsión.

Desde tribuna, remarcó la importancia concentrada en el accionar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconoció determinación en el combate frontal a la corrupción existente en la función pública, a través de la correcta aplicación de la Extinción de Dominio.

“Permitiremos que nuestras autoridades en procuración de justicia en representación del estado puedan apropiarse de bienes de origen o destino ilícito, partiendo de que la reforma planteada será eficaz en el combate a la delincuencia organizada mermando sus estructuras financieras y sus ganancias económicas, al recuperar los activos generados mediante dinero ilícito”, enfatizó al presentar su iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 99 A y se deroga el artículo 162 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

Concluyó al remarcar que, “al día de hoy nuestro país transita con paso firme en el combate a la delincuencia organizada y en contra de los delitos de corrupción, razón por la cual Michoacán debe de estar acorde a las exigencias sociales y de bienestar familiar, toda vez que para nuestro presidente de la república es una prioridad el combate a estos grandes males, quedando demostrado con la reciente aprobación de la reforma Constitucional en materia de Extinción de Dominio”.

Plantean atención a sectores indígenas en materia electoral

La diputada Zenaida Salvador Brígido presentó una iniciativa mediante la cual se plantea la promoción y fortalecimiento de los derechos electorales en grupos minoritarios de Michoacán.

Para ello, planteó ante el Pleno de la LXXIV Legislatura una reforma al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 19 y adicionando el artículo 175 Bis, mismos que en su contenido garantizan dar obligatoriedad de inclusión electoral a sectores indígenas o bien, grupos minoritarios.

“A pesar de los avances y de acuerdo a los métodos de integración de las comunidades indígenas a la participación política, no se ha visto materializada de forma objetiva”, enfatizó la diputada emanada de Morena.

Detalló que, “la inclusión de las comunidades indígenas para legitimar sus demandas de participación política y cumplir así con las reformas constitucionales, ha derivado en conflictos y enfrentamientos que han propiciado que la brecha sea aún más grande hacia la unidad nacional”.

Bajo estos argumentos, remarcó que resulta imperioso que este porcentaje poblacional sea representado con voz y voto en el Poder Legislativo, por integrantes de sus propias comunidades, mismos que conocen y viven día a día sus respectivas necesidades.

“Así pues, resulta necesaria la implementación de una acción afirmativa en favor de estos dos grupos minoritarios, a fin de garantizarles no solo el derecho a votar, sino también la posibilidad de ser electos para ocupar un cargo público de elección popular, en atención a que una verdadera igualdad entre el estatus social de los ciudadanos, no se logra sólo con prohibir los tratos discriminatorios”, finalizó. 

Presentan iniciativa para inhabilitar de por vida a funcionarios corruptos

El coordinador de la Representación Parlamentaria de la 74 Legislatura, Javier Paredes Andrade, presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se pretende inhabilitar definitivamente y no temporalmente a los funcionarios y servidores públicos que incurran en actos de ilegalidad y corrupción.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política; Ley de Responsabilidades Administrativas; y, la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán y sus Municipios, en materia de Inhabilitación Definitiva por hechos graves de corrupción, pretende otorgar castigos ejemplares y no temporales a todo aquel que incurra en actos de ilegalidad.

El politólogo ahondó en que es necesario castigar a toda aquella persona que tenga un cargo de elección popular, para evitar que este tipo de prácticas se conviertan en una forma de vida, debido a que los castigos temporales, les permite disfrutar del dinero que obtuvieron mediante acciones ilícitas el tiempo que se encuentran inhabilitados, para posteriormente regresar sin culpa alguna a la función pública.

El legislador único por Movimiento Ciudadano, reflexionó en que la temporalidad en las sanciones administrativas para el funcionariado público, permite que se convierta en una “forma de vida para los políticos, porque no hay castigos, situación que alienta a que se sigan cometiendo actos de corrupción”.

Paredes Andrade demandó un cese a la simulación en el combate a la corrupción y que los políticos, servidores públicos y funcionarios de cualquier nivel gubernamental, reciban castigos ejemplares con cárcel, inhabilitación permanente y la devolución del daño, situación que permite que se generen “monumentos a la impunidad”.

Lamentó que ante la serie de casos de corrupción que han quedado en completa impunidad, se sigan registrando escándalos como el de la Casa Blanca, Odebrecht, entre muchos otros, que permiten que México siga quedando ante los ojos del mundo, como un país corrupto y que finge la aplicación de la legalidad.

“Lamentablemente en solamente algunos casos, han sido inhabilitados por un par de años, pero les sale muy barato, hoy desviar recursos en Michoacán, apoderarse de recursos del patrimonio público, les sale muy barato, viven cómodamente a costa del pueblo, mientras fingen recibir y acatar su castigo, para después volver como si nada hubiese pasado”, criticó.

Paredes Andrade dejó en claro que en torno a la corrupción no debe existir “ni el perdón, ni el olvido”, que permita que la impunidad sea la tónica de las políticas públicas en México y en Michoacán.

México se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante, estancado como uno de los lugares donde se perciben más casos en todos los niveles de gobierno, lo que ha sido documentado por Transparencia Internacional a través de su índice anual.

En su más reciente reporte, correspondiente al 2018, se advierten los siguientes resultados; México se ubica en el puesto 138 de 180, con una calificación de 28, tres lugares por debajo del mismo diagnóstico de 2017.

México se encuentra empatado con Guinea, Irán, Líbano, Papúa Nueva Guinea y Rusia; y, está entre los cinco países con la calificación más baja en la región de las Américas. Solo 10 puntos por arriba de Venezuela, último lugar en la zona.

Este año, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile nuevamente encabezan el top cinco en la región. El declive de derechos políticos básicos en México como la libertad de expresión y de prensa es una de las causas principales por las que la prevención de la corrupción en el país es limitada.

Comparecen aspirantes a la Auditoría Especial de Fiscalización Municipal

El Congreso del Estado a través de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán llevó a cabo el proceso de selección de aspirantes a la Auditoría Especial de Fiscalización Municipal de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM).

Los integrantes de la Comisión, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, la diputada Cristina Portillo Ayala, el diputado Baltazar Gaona la diputada Miriam Tinoco Soto y el diputado Javier Estrada Cárdenas, reconocieron que con el trabajo de auscultación realizado se tendrán el mejor perfil para cubrir tan importante actividad dentro de la ASM.

Los tres aspirantes se sometieron a un examen de conocimientos, posteriormente comparecieron ante los diputados e hicieron una presentación de su plan de trabajo y respondieron a las preguntas planteadas por los legisladores, con este mecanismo se da mayor certeza de selección en un marco de transparencia y confiabilidad del proceso.

Ante los diputados presentaron sus propuestas los aspirantes Andrés Villaseñor Villa, Salvador Sandoval Rodríguez y Saúl Mora Padilla, por lo que una vez concluido el proceso se la comisión presentará al Pleno del Congreso la propuesta para su discusión y votación. 

 

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