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loma de santa maria 1304En riesgo, quince hectáreas que son de su propiedad

 

La Arquidiócesis de Morelia se encuentra entre los afectados por la presunta ilegalidad en la venta de predios en la zona protegida de la Loma de Santa María de esta ciudad, según da cuenta un amplio reportaje publicado este martes por el diario capitalino EL UNIVERSAL, firmado por su corresponsal en Michoacán, Carlos Arrieta.

Por su interés periodístico, se reproduce íntegro dicho reportaje:

El juez octavo de lo civil en Morelia Javier Gil Oseguera, concedió a un particular de nombre Rubén Alvarado Santos, la posesión de 78 hectáreas de un área de Restauración y Protección Ambiental, a pesar de que esa superficie ya contaba con cinco dueños, que así lo comprobaron con documento en mano.

Del total del polígono que Javier Gil adjudicó a Rubén Alvarado en un proceso que duró menos de tres meses, 15 hectáreas pertenecen legalmente a la Arquidiócesis católica de Morelia y el resto a tres reconocidas familias y un particular.

Esas 78 hectáreas están ubicadas en la Loma de Santa María, el principal pulmón de la capital michoacana que, es una zona arbolada que conserva caudales importantes de agua; está ubicada al surponiente de la ciudad.

Los predios en disputa están dentro de esta zona arbolada, forestal y de valores naturales, como lo contempla el decreto del año 2009 emitido por el entonces gobernador Leonel Godoy, relacionado a la Loma de Santa María.

El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en el que se declara como Zona de Restauración y Protección Ambiental La Loma de Santa María y depresiones aledañas del municipio de Morelia.

Todo el conflicto inició cuando el particular Rubén Alvarado Santos promovió el juicio de prescripción positiva ante el juzgado octavo de lo civil el 4 de mayo del 2016 y le fue resuelto a favor el 30 de agosto de ese mismo año dentro del expediente 370/2016.

La versión pública de los acuerdos que emitió el juez octavo, indica que Rubén Alvarado “acreditó los hechos constitutivos de la acción que, en la vía ordinaria civil sobre prescripción positiva de inmueble, promovió frente a la sucesión de bienes”.

Declara “que el actor, de poseedor que era, se ha convertido en propietario, merced a que ha operado en su favor la prescripción positiva, respecto de dos fracciones de los predios denominados “El Platanal” y “Cruz de la Capilla”, ubicado en Tenencia de Jesús del Monte, Municipio de Morelia, Michoacán”.

En su resolución, el juez ordena que se giren oficios tanto al director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado, a la Dirección de Catastro, como al Administrador de Rentas de esta ciudad.

Lo anterior “a fin de que cancelen las inscripciones que, en sus respectivas oficinas, obran a favor del demandado, respecto del inmueble aludido, dando de alta en lo subsecuente dicho bien raíz en favor del actor material, de la manera ya dicha”.

Asimismo, “expídase a favor del accionante, copia certificada de este fallo para que, tan luego como se inscriba ante dicho Registro Público de la Propiedad, le sirva de título de dominio”, ordenó el juez.

proam santa maria 0903LO INEXPLICABLE

Entre los principales argumentos presentados dentro del juicio, fueron que Fausto Jaimes Silva le “vendió verbalmente” y sin contrato alguno el 10 de mayo de 1995, una superficie de 78 hectáreas a Rubén Alvarado, cuando éste último tenía apenas 19 años.

Dado que Fausto Jaimes murió desde el año de 1998, en el año 2016 el juicio que promovió y ganó Rubén Alvarado, fue en contra de la Sucesión Testamentaria del dueño original. Es decir, 18 años después de la muerte del supuesto vendedor.

Desde esa fecha, Alvarado se dijo posesionario de esa extensión de terreno de 78 hectáreas.

La albacea testamentaria fue la esposa de Fausto Jaimes, quien “atestiguó” la supuesta venta a Rubén Alvarado, pero el juez omitió verificar que ya habían sido vendidas años antes y que existen escrituras que lo constatan.

Unas de las descargas de prueba que el juez dio por válidas para adjudicarle en propiedad las 78 hectáreas a Rubén Alvarado, fueron un par de testimoniales mediante cuestionario, que presentó el mismo particular en el juicio, como consta en la versión pública de la sentencia.

Uno de esos testimoniales es el de la viuda de quién supuestamente le vendió el predio a Rubén Alvarado y que incluso evidencia en su declaración no saber ni la extensión del polígono y reitera que el convenio de compra-venta fue verbal.

Otra testimonial más, fue la de una hijastra de Fausto Jaimes que asegura que fue testigo de la compra-venta verbal y reitera que no hubo ningún papel legal de por medio para afianzar la transacción.

Otra de las pruebas en las que se basó el juez para conceder la propiedad a Rubén Alvarado, como consta en el expediente, es un documento que Javier Gil tomó como válido y que una autoridad estatal niega haber emitido (apócrifo).

Se trata de un supuesto dictamen de deslinde y colindancias, que no es más que la copia de un formato que utiliza La Dirección de Catastro del estado y que fue llenado con información falsa.

En el anverso se “acredita” la propiedad del inmueble, con la escritura número 16,608 inscrita en el Registro Público con el número 92,873 y el tomo 502.

Pero en el reverso del mismo formato, no coincide la información y “acredita” la misma propiedad con la escritura 1888, cuyo registro es el 89856 del tomo 486 del libro de propiedad de Morelia, Michoacán.

En un oficio de fecha 21 de febrero de este 2018, un ciudadano que pidió no revelar su identidad, solicitó a Elizabeth Villegas Pineda, directora de Catastro, información sobre ese documento.

La persona que se dijo preocupada por preservar el área natural, pidió se le informara si la dependencia estatal tenía algún registro, número de expediente actas o planos de medición y deslinde catastral a nombre de Rubén Alvarado, en relación a La Loma de Santa María.

Siete días después, la Dirección de Catastro, mediante oficio 156/02/2018, respondió al ciudadano que, “habiendo hecho una búsqueda en nuestro archivo documental, no se cuenta con registro alguno (de lo solicitado)”.

Es decir, que la copia del formato hecha pasar como “dictamen” y presentado ante el juez fue apócrifo y sin registro legal ante la única instancia oficial para registrarlos y emitirlos.

A lo anterior, se sumó la omisión del juez para corroborar que esas 78 hectáreas que concedió a Rubén Alvarado ya tenían dueños, mismos que facilitaron una copia de sus escrituras a EL UNIVERSAL y la documentación en la que consta la legítima propiedad.

En uno de los casos, los documentos revelan que la iglesia católica es la propietaria de 15 de las 78 hectáreas, ubicadas en los predios conocidos como “El Platanal” y “Cruz de la Capilla” de la tenencia de Jesús del Monte.

Es decir: “El Platanal” y “Cruz de la Capilla” no formaban parte del haber hereditario de Fausto Jaimes Silva al momento de su muerte, quien vendió el terreno a un clérigo desde el 18 de marzo de 1959, como consta en las escrituras.

Los documentos citan que Jaimes Silva, del 10 de mayo de 1958 al 18 de marzo de 1959, fue propietario de la fracción de 15 hectáreas de los terrenos “El Platanal” y “Cruz de la Capilla”, misma fracción que le vendió al presbítero Juan Méndez en el año de 1959.

En el año 2000, el presbítero Juan Méndez le donó a la Arquidiócesis de Morelia, representada en ese acto por el actual Cardenal en retiro Alberto Suárez Inda. Desde entonces, ese predio forma parte del Seminario Diocesano de Morelia.

En el Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán se encuentran debidamente inscritos y registrados todos los antecedentes de “El Platanal” y “Cruz de la Capilla”.

El 10 de mayo de 1958, en la escritura 1888 con número de registro 89856 del tomo 486, J. Jesús Segura Soto, Guadalupe Velázquez Díaz y Servando Macho Reyes vendieron 15 hectáreas, 5 áreas y 18 centiáreas de los dos terrenos “El Platanal y Cruz de la Capilla” en favor de Fausto Jaimes Silva.

El 18 de marzo de 1959, Fausto Jaimes Silva vendió al presbítero Juan Méndez Ayala las 15 hectáreas, 5 áreas y 18 centiáreas de los dos terrenos “El Platanal y Cruz de la Capilla”, como consta en la escritura 16608, bajo el registro 92873 del tomo 502.

El 15 de noviembre del año 2000, el presbítero Juan Méndez donó a título de gratuito, los dos terrenos a favor de la Arquidiócesis de Morelia (Asociación Religiosa), representada en este acto por Alberto Suárez Inda.

Lo anterior consta en la escritura 4765, con registro 20 del tomo 5044 en el que también refiere que se trasladaron en donación las mismas 15 hectáreas, 5 áreas y 18 centiáreas denominadas “El Platanal” y “Cruz de la Capilla”.

Como resultado, la Arquidiócesis de Morelia, representada por el Arzobispo Carlos Garfias Merlos, demandó a seis funcionarios del ayuntamiento de Morelia, incluido al alcalde independiente Alfonso Jesús Martínez Alcázar.

La demanda sobre Nulidad Absoluta de Escrituras por Doble Venta, fue presentada por la Arquidiócesis de Morelia el pasado 8 de marzo de este 2018 y turnada al Juzgado Primero de lo Civil con sede en Morelia.

En el documento, la Arquidiócesis también demandó a dos funcionarios del gobierno del estado, a la viuda de Fausto Jaimes Silva, de 85 años de edad, presuntamente falsear en sus declaraciones, así como a Rubén Alvarado y al notario que validó el documento apócrifo.

Otro de los terrenos son propiedad de una familia de Morelia, ubicado en el cerro “La Coronilla” y que consta de 12 hectáreas, las cuáles pese a estar escrituradas desde 1937 a su nombre, también le fueron adjudicadas por el juez a Rubén Alvarado Santos.

Las otras 51 hectáreas, pertenecen a dos familias más y a otro particular, quienes pidieron el anonimato y omitir detalles de sus predios, por motivos de seguridad, ya que el particular al que el juez le otorgó en propiedad las hectáreas ha estado sujeto a diferentes procesos penales.

Rubén Alvarado, de acuerdo a archivos del Poder Judicial, estuvo preso en 1998 y ha sido procesado en numerosas ocasiones por la Procuraduría General del Estado de Michoacán por supuestos delitos penales, entre ellos despojo, fraude y amenazas.

Al ser despojadas de sus propiedades, estas tres familias y el particular, informaron, sin dar detalles, que también iniciaron una acción legal en contra del fallo del juez octavo civil, mediante el cual le adjudica en propiedad, las 78 hectáreas a Rubén Alvarado.

Se solicitó una entrevista al Poder Judicial del Estado para conocer el criterio del Juez, mediante el cual quita a los propietarios originales sus predios y se los adjudica en propiedad a un particular sin embargo ésta no fue concedida.

antopnio plaza 2013IRREGULARIDADES DEL AYUNTAMIENTO

Luego de que el juez octavo de lo civil, Javier Gil Oseguera, le adjudicara en propiedad las 78 hectáreas a Rubén Alvarado Santos, éste solicitó al ayuntamiento de Morelia la subdivisión del predio, ya con escrituras en mano.

El 9 de octubre de 2017, Ayuntamiento de Morelia autorizó la subdivisión en 43 fracciones, a pesar de que los terrenos están ubicados en una Zona de Restauración y Protección Ambiental de La Loma de Santa María.

Incluso, en la página oficial del ayuntamiento que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, aparece el polígono que se subdividió dentro de las zonas de Restauración y Protección Ambiental.

El trámite le fue autorizado a Rubén Alvarado mediante el expediente 250/2017 y con el oficio 4137/2017, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin cumplir una serie de requisitos, entre ellos, la inspección física del polígono.

A decir del Consejo Ciudadano de Morelia, el trámite viola el marco jurídico y la reglamentación vigente en la materia.

Por ejemplo, las fuentes consultadas explicaron que no se debió autorizar la subdivisión, en base al Decreto del año 2009, que establece que La Loma de Santa María es una Zona de Restauración y Protección Ambiental.

Argumentaron que el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán De Ocampo establece en su Artículo 332 que las autorizaciones de los desarrollos, desarrollos en condominio, relotificaciones, subdivisiones y fusiones, se otorgarán siempre y cuando no se afecten, zonas arboladas, así como terrenos forestales o preferentemente forestales; zonas de valores naturales y/o la imagen urbana.

Toda esa serie de irregularidades generaron que el Consejo de la Ciudad exigiera al presidente municipal que promueva un juicio de lesividad, para echar abajo la subdivisión que como autoridad municipal expidió bajo una serie de anomalías en el proceso administrativo.

En entrevista, el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina, señaló que el ayuntamiento de Morelia ya revisa la actuación de sus funcionarios y, en todo caso las acciones que emprenderían.

Reconoció que “sin duda alguna es claro que el predio forma parte del área natural protegida”, aunque aun así no podían negarle el derecho civil que tiene el particular para subdividir el terreno.

Argumentó que la forma en cómo se otorgó la subdivisión al particular fue con la especificación que ese predio forma parte del área natural protegida y que no es urbanizable.

Plaza Urbina, dijo que hay un punto también en el que instruyeron a un notario para que cuando haga la escritura, establezca que el área no es urbanizable y que forma parte del área natural protegida.

“Es decir, tú puedes ser dueño del área natural protegida, la puedes subdividir en todos los pedazos que quieras, la puedes vender, pero no es urbanizable”, justificó.

En cuanto a la actuación de los funcionarios municipales que autorizaron el trámite de subdivisión con todos los cuestionamientos legales que existen en el expediente, Antonio Plaza afirmó que ya son investigados.

¿Ustedes se comprometen a aceptar en su momento si hubo alguna omisión?

Claro. De hecho el presidente municipal también instruyó a la Contraloría para que revise la actuación de los funcionarios públicos. De eso nosotros no tenemos ninguna duda, nunca ha habido una pretensión de impunidad en esta administración. El funcionario que se equivoca tiene que responder de sus actos.

En un supuesto, ¿Qué impacto tendría el hecho de que se urbanizara en algún momento o se afectara este pulmón natural de la capital michoacana?

ayunta loma 1503Es muy grave; las áreas naturales protegidas tienen un estatus legal muy específico y precisamente para eso existen. Entonces de hecho en todo caso están previstas en la ley incluso medidas para restituirlas, en que se obliga al particular y si no cumple con el mandato que se le dé, la autoridad puede entrar a demoler, a retirar y a restaurar incluso a costa del particular. Entonces yo creo que son cuestiones en que las leyes ambientales son muy estrictas y establecen mecanismos en los que la autoridad puede intervenir para impedir que ocurran este tipo de cosas. No es algo que quede ahí nada más de “no se puede pero si ya se hizo no pasa nada”. No, no, no, sí puede haber consecuencia si se pueden hacer mucho más complejos los litigios pero las leyes ambientales permiten la intervención de la autoridad para proteger las áreas naturales.

Después de esta entrevista que el funcionario concedió, uno de los voceros del ayuntamiento Moreliano, Alejandro Amante, afirmó que ya habían cancelado la subdivisión autorizada a Rubén Alvarado para las 78 hectáreas.

Este paso, de acuerdo a la defensa de los afectados (dueños legítimos) y defensores de La Loma de Santa María, solo le dejó abierta la puerta legalmente al particular para que se ampare ante esta decisión administrativa del ayuntamiento.

Explicaron que la única manera legar de echar abajo esa autorización es mediante juicio de lesividad, que es un juicio promovido por una autoridad en contra de una resolución administrativa favorable a un particular y que atenta contra un bien común.

Posteriormente, Antonio Plaza Urbina, renunció al ayuntamiento de Morelia “por motivos personales”.

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